El Colegio API de Alicante recrimina al Supremo que se haya guiado por el impacto económico y no por el social

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante lamenta que el Tribunal Supremo haya tomado la decisión en torno al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas sin medir el impacto social, y que se haya guiado solo por el impacto económico.

LCV. Alicante / 8 de noviembre de 2018

La entidad señala que la incertidumbre continua, los vaivenes judiciales, las cláusulas oscuras y, en definitiva, la falta de seguridad jurídica han generado un enorme caos y confusión, que afectan gravemente al mercado inmobiliario y al sector de la intermediación.

La presidenta del Colegio API de Alicante, Marifé Esteso, indica que “se ha puesto de manifiesto la necesidad de que toda la legislación en el ámbito inmobiliario e hipotecario debe ser totalmente clara, transparente, sin resquicios ni ambigüedades”, afirma. “Los compradores de inmuebles deben saber a qué se enfrentan, deben ser conscientes de las consecuencias de su decisión, y no sólo para la hipoteca, sino antes para la previa compraventa”.

La pregunta es cuántas personas sabían realmente que habían pagado un impuesto con la constitución de su hipoteca. “Era un epígrafe más de gasto para cuantificar en la provisión de fondos que realiza el banco al cliente. Muchos alicantinos se han enterado estos días que pagaron un impuesto por la hipoteca en su momento, y eso no puede admitirse de ninguna forma”, añade.

En este sentido, los API aprovechan la ocasión para reiterar que la intermediación inmobiliaria debe estar regulada en España, como en los países de nuestro entorno, con requisitos, exigencias y responsabilidades para los agentes intervinientes, pues la seguridad hay que garantizarla desde el momento en que un ciudadano se interesa y visita un inmueble, hasta la firma de la escritura en la Notaría. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria consideran que la gestión inmobiliaria primero, y la hipotecaria después, deben ser nítidas y transparentes.

Por ello, Marifé Esteso proclama que “no queremos parches legislativos, sino una revisión global del todo el sistema de servicios inmobiliarios e hipotecarios, con certeza, seguridad y claridad, alejándonos completamente de la opacidad y falta de transparencia del pasado”.

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